La iniciativa surgió tras los anuncios antiinmigrantes del gobierno estadounidense en México. De sus 283 artículos, solo tres abordan este tema.
Las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen para una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El dictamen de 226 páginas y 283 artículos se presentó el miércoles 23 de abril, horas antes de la discusión. La oposición acusó que la propuesta permite la censura estatal, mientras que el oficialismo la defendió bajo el argumento de la soberanía comunicativa. La propuesta extingue al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que regula el espectro radioeléctrico y servicios relacionados. Sus funciones se transferirán al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con atribuciones en regulación, supervisión y promoción de políticas públicas en telecomunicaciones y radiodifusión.El dictamen regula el uso del espectro radioeléctrico, redes públicas de telecomunicaciones, infraestructura, recursos orbitales y comunicación vía satélite. Establece nuevas modalidades de concesión, uso compartido del espectro y autorización de servicios. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones otorgará concesiones mediante licitaciones, asignaciones directas o mecanismos legales, según el tipo de uso y condiciones aplicables. También crea un registro de usuarios de telefonía móvil, consultable por las autoridades bajo los criterios y condiciones que la Agencia establezca.
Estos son las concesiones que estipula la iniciativa.
Concesiones por tipo de uso:
El proyecto permite prórrogas, modificaciones, revocaciones, cesiones o terminaciones de concesiones. También prevé constancias de registro para actividades como la radiocomunicación de aficionados, que no requieren concesión pero sí supervisión regulatoria. La asignación de espectro se basará en eficiencia, cobertura, sostenibilidad técnica y obligaciones sociales, con mecanismos como subastas, usos compartidos y acceso abierto, en concordancia con el Programa Nacional de Espectro de la Agencia.
¿Qué dice sobre los anuncios provenientes del extranjero? La propuesta de ley, con 283 artículos, incluye tres (201, 202 y 210) que regulan la transmisión de contenidos de gobiernos extranjeros en México. Estos artículos abarcan mensajes, publicidad y propaganda en servicios de radiodifusión, televisión, audio restringidos y plataformas digitales. Cualquier contenido pagado, patrocinado o encargado por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales extranjeras requiere autorización previa de la Secretaría de Gobernación.
La iniciativa también prohíbe a concesionarios, programadores y operadores de señales transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, excepto con fines culturales o turísticos. Restringe a los gobiernos extranjeros utilizar medios nacionales para influir en asuntos internos. Las plataformas digitales con contenidos disponibles en México estarán sujetas a estas medidas. La Secretaría de Gobernación podrá ordenar la suspensión inmediata de transmisiones que incumplan estas disposiciones e iniciar procedimientos de sanción.
Es “Ley Censura”: Ricardo Anaya El senador Ricardo Anaya criticó que el dictamen de la reforma se publicara a las 10 de la noche para ser discutido a las 10 de la mañana siguiente. Anaya tildó la iniciativa de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde como “Ley Censura”, ya que concentra en la Agencia de Transformación Digital las facultades que antes tenían las Secretarías de Gobernación, Telecomunicaciones y el IFT. Alertó que el artículo 109 permite el bloqueo temporal de plataformas digitales por incumplimiento de normativas, lo que abona a la censura en internet. Anaya también señaló que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión nunca tuvo el artículo que, según la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo, prohibía la difusión de propaganda política de gobiernos extranjeros y que supuestamente fue eliminado en 2014.